A propósito de la entrevista de Alina Estévez con motivo del Decreto 349, publicada en el
Granma.
Anamely Ramos González
“…el Caribe no es un mundo apocalíptico. La noción del apocalipsis no ocupa un espacio
importante de su cultura. Las opciones de crimen y castigo, de todo o nada, de patria o
muerte, de a favor o en contra, de querer es poder, de honor o sangre, tienen poco que ver
con la cultura del Caribe; se trata de proposiciones ideológicas articuladas en Europa que el
Caribe sólo comparte en términos declamatorios, mejor, en términos de primera lectura.”
La isla que se repite. Antonio Benítez Rojo
La primera cuestión que salta a la vista en el artículo del Granma, y que ya he observado en
otras ocasiones al escuchar argumentos pro decreto, es lo complicado que resulta explicar
para quien es y para quien no es el decreto en cuestión. La explicación es siempre tan larga y
con tantos pliegues que enseguida surge la duda de por qué no fue redactado de otra manera,
más concreta, más cercana a sus objetos o sujetos de aplicación. Incluso algunos de esos “no
es para...” parecen contradecir otros, de tal manera que se hace difícil comprender a primera
vista y al final queda una incómoda sensación de ambigüedad. Es por esto que las normas
complementarias que están siendo redactadas tendrán que ser exhaustivas e incluso podrían
contradecir el propio decreto, en aras de enmendar su carácter totalizador. Es un
contrasentido.
El decreto es amplísimo, como si quisiera matar muchos pájaros de un tiro pero la funcionaria
Alina Estévez que da la entrevista deja claro que “la implementación del decreto se
concentrará en contravenciones muy específicas” y eso no me alivia, más bien me asusta. Un
decreto planteado de manera tan general para al final ser aplicado de manera puntual es más
peligroso, sobre todo porque dichas normas se escriben siguiendo nociones ambiguas “el
carácter obviamente lesivo a los intereses públicos”. Lo que me parece es que el decreto está
mal planteado de base, supone que hay un grupo, o sector, o personas que tienen “mal gusto”,
“malas costumbres” etc. y que están llevando todo esto al espacio público, contaminando a las
personas que no lo tienen. Supone que hay otro grupo “vanguardia” que está en la obligación
de parar esto, de reformar, de orientar. Para esto se refuerza la autoridad del Ministerio de
Cultura. Con su actuación oportuna todos debemos respirar aliviados, pero OJO: toda nación
tiene sus “otros” y es justamente en advertir y analizar quienes son esos “otros” en cada
momento, donde está la posibilidad de identificar también las limitaciones de las políticas y
avizorar sus consecuencias discriminatorias.
Creo que el problema de la vulgaridad, la chabacanería etc. es un problema de TODA nuestra
sociedad. Con esto no quiero decir que todos seamos unos vulgares, sino que es un problema
social de muchas aristas, con muchos tentáculos y con muchas causas y como tal hay que
entenderlo y tratarlo pero no por unos pocos, por todos, sin descartar a esos supuestos
“otros”. Creo que toda sociedad sana debe generar múltiples espacios de sociabilidad, a
niveles diferentes y articulando en ellos sus gustos, intereses, sus propias formas de
sensibilidad y desde allí aprender a respetar las de los otros grupos, tan legítimos e
importantes como ellos. Muchas veces esas formas de consumo cultural “chatarra” como se
ha llamado, se introducen y dominan porque han faltado o fallado esas formas de sociabilidad
espontánea y autogeneradas por las personas. No vamos a cambiar esto con un decreto y es
autoritario siquiera pensarlo de esa manera, es también un tipo de penetración cultural. Mi
opinión no es apostar por el “vale todo”, es apostar por el poder y la necesidad de las personas
de ser y construirse a sí mismas y en comunidad. Es desmarcarse de comportamientos
autoritarios en materia cultural en un momento en que se hace absurdo pensar así en el
mundo y en Cuba. Creo que es tan dañino atribuir todo poder de legitimación al mercado
como a un grupo de funcionarios. (¡Y en Cuba ahora mismo! Donde las instituciones culturales
están debilitadas visiblemente porque los artistas no quieren dirigirlas y prosperan los
“cuadros” en esos puestos o la doble dirigencia. El propio Fernando Rojas es Viceministro de
Cultura y además Presidente del Consejo de Artes Escénicas, y esta situación se reproduce en
otras instituciones.)
El autoritarismo también es una forma de vulgaridad, más esencial y corrosiva que la
vulgaridad digamos estética. Un hombre llega a una reunión pactada, tarde, hosco, no explica
nada a los presentes, entra a ella y dirige la misma dando o negando la palabra según cree
oportuno y responde a medias las inquietudes. Luego termina la reunión cuando lo cree
conveniente y se va sin cambiar un ápice su pensamiento y su espíritu, sin que haya ocurrido
un diálogo real. ¿Eso no es vulgar? ¿Y cuándo ese tipo de comportamiento, típico en nuestra
sociedad, se hace natural? Creo realmente que el Decreto 349 es autoritario, parte de un
concepto de la cultura sesgado y discriminatorio. En este sentido lo considero un decreto
vulgar y debería aplicarse a sí mismo.
Las preocupaciones de los intelectuales que menciona el artículo, como Desiderio Navarro o
Fernando Martínez Heredia, lamentablemente fallecidos, son legítimos pero con certeza
tenían detrás una compresión más amplia del asunto y en las posibles soluciones no creo que
pensaran simplemente en un decreto. Es posible que también pensaran, como yo y como
muchas personas con las que he hablado, en nuestra televisión nacional, llena de
contravenciones según el decreto o en la liviandad en el uso de los símbolos patrios o de
algunos héroes por parte del Fondo de Bienes Culturales. ¿Entra eso en la mira del decreto?
Creo que todo esto demanda un debate amplio, con todos. Demanda más que un artículo
donde se interpretan las reuniones realizadas con grupos de artistas (como si estos no
pudieran hablar por sí mismos y exponer lo que creen), se asumen las opiniones de unos y se
descartan las de otros como si de un casting se tratara. Y el debate, en efecto, debe rebasar el
decreto. Debe alcanzar también las bases de nuestra política cultural, fórmula naturalizada que
también debe ser actualizada, al menos repensada, así como esas expresiones tan comunes en
nuestras leyes y regulaciones, y enfermas de ambigüedad, como “los intereses de la nación”.
Lo mismo que sucede con el decreto en materia cultural sucede con este tipo de enunciaciones
a nivel de la sociedad entera, defiende abstracciones más que personas concretas y sus
prácticas concretas y propias. Urge humanizar las leyes y las prácticas políticas, como vía a la
participación y a la construcción de un futuro. Porque siempre detrás de las abstracciones y de
la lógica maniquea se esconde un poder que tiene miedo a mirar la realidad, a dialogar con
ella, a perder poder. Y lo terrible es que esa lógica termina por diseminarse en todos,
alcanzarlo todo y ya no conseguimos mirar sin los anteojos de la bipolaridad y del
atrincheramiento. Entonces no, no hay que defender a los artistas, no hay que defender a la
cultura popular, ni a la cultura cubana. Tenemos TODOS que salirnos de la lógica del
autoritarismo.
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